Castigados por pedir justicia

El Tribunal Supremo impone unas costas de 4.200 euros a las Asociaciones de Vecinos que denunciaron arbitrariedades en la Agencia Estatal de Protección de Datos a cuenta del abandono de fichas de presos de la antigua cárcel de Carabanchel

Madrid, 02-07-2014.- La cárcel de Carabanchel cerró sus puertas en el año 1998. Diez años después todavía quedaban abandonadas en su interior decenas de fichas de antiguos presos, expuestas a la mirada de cualquier visitante de un recinto que no contaba con ninguna vigilancia ni protección.

Las Asociaciones de Vecinos de los barrios cercanos a los terrenos de la antigua cárcel, Aluche, Carabanchel Alto, Lucero Cerro Mica, Puerto Chico y las Águilas presentaron el 19 de febrero de 2008 denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por lo que podría constituir una falta en la custodia de datos de carácter personal y confidencial.

Recibida la denuncia, se inició un procedimiento por el que los inspectores de la AEPD comprobaron que la documentación aportada en la denuncia correspondía con información incluida en ficheros bajo custodia de Instituciones Penitenciarias, y por eso mismo, el Director de la citada agencia acordó, con fecha 13 de enero de 2009, iniciar procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por presuntas infracciones de los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) tipificadas como graves. Finalmente el 16 de marzo de 2009 se envió propuesta de Resolución, en el sentido de que por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos “se declare que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha cometido infracción de los artículos 9 y 10 de la LOPD tipificadas como graves en el artículo 44 apartados 3.h) y 3.g) de dicha norma”.

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Pese a las conclusiones a que llegó la instrucción por parte de los servicios de la inspección de la AEPD, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos resolvió, con fecha 25 de mayo de 2009, DECLARAR EL ARCHIVO del procedimiento, por “no haber podido obtener pruebas que corroboren y acrediten la responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los hechos denunciados”.

Contra la anterior Resolución de Archivo de la denuncia, se presentó Recurso de Reposición con fecha 31 de julio de 2009, que fue desestimado porque “en el presente caso, a pesar de las actuaciones previas de investigación realizadas por los Servicios de Inspección de esta Agencia, no se han podido obtener pruebas que corroboren y acrediten a la responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los hechos denunciados, por lo que en consecuencia y conforme al principio de presunción de inocencia, procede acordar el archivo de las presentes actuaciones de investigación en relación a las presuntas infracciones de los artículos 9 y 10”.

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